El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dentro de su política de responsabilidad social, validó el plan de consolidación de arraigo, que quedó establecido en un acta firmado por los líderes de la comunidad del pueblo Mbya, en la zona de Caaguazú, en la localidad de influencia de la ruta 13.

En el documento rubricado, esta semana, se establecen prioridades definidas por las integrantes de la propia comunidad: entre ellas están la construcción de casas y otras obras de infraestructura, como la instalación de un corral para animales, la construcción de un salón comunitario y la apertura de caminos internos. Se prevé, además, el mejoramiento de los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, ya disponibles, aunque en condiciones muy precarias.

La puesta en marcha del plan de apoyo a los asentamientos se inició en diciembre de 2017. Poco después se hizo una revisión y se diseñó una estrategia de consolidación de arraigo, dentro de la cual se incluyó, además de las prioridades ya descriptas, el establecimiento de cultivos de autoconsumo.

Las beneficiadas son 64 familias del pueblo Mbya, reubicadas en Caaguazú, donde próximamente se iniciará la construcción de viviendas, en el afán de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

El grupo fue relocalizado en la zona del departamento de Caaguazú, como parte de las acciones sociales previstas en el Programa de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial– Fase II, impulsado por la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Los trabajos sociales se vienen realizando con el apoyo de la Coordinación de Sustentabilidad de la UEP:

Los reasentados están divididos en tres núcleos: Joyvy Santa Librada, San Jorge y 20 de Julio, quienes vivían a unos siete kilómetros de la ciudad de Caaguazú, ocupando un terreno aledaño a uno de los tramos de la ruta 13, mejorados en el marco del citado programa. De allí, las familias fueron reasentadas en tres propiedades, que totalizan unas 405 hectáreas, ubicadas en San Joaquín, Yukyry, distrito de Juan Manuel Frutos, y Yacare’i, distrito de Caaguazú.

La compra de estos terrenos representó una inversión de unos 1,3 millones de dólares, de los tres destinados a la asistencia de esta comunidad, cuya prioridad –definida por sus propios integrantes- es disponer de casas más fuertes y seguras, para dejar atrás las precarias carpas y chozas en las que hoy viven.

SERVICIOS

El MOPC, igualmente, gestiona la provisión de agua potable y energía eléctrica, disponibles en los nuevos territorios, aunque en condiciones aún precarias. La educación y la salud son otros servicios necesarios, en proceso de ser tramitados con los organismos del Estado responsables de su provisión: ministerios de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y de Educación y Ciencias (MEC).

Las decisiones tomadas para el reasentamiento y arraigo fueron consensuadas con las comunidades indígenas, desde el inicio del proceso, en el año 2014, cuando el Congreso Nacional denegó la expropiación del inmueble donde residían.

A partir de ese momento, y ante el riesgo de desalojo, desde el MOPC se puso en marcha el programa de asistencia, con la participación activa de la comunidad, que fue objeto de estudios socioantropológicos orientados a determinar, entre otros aspectos, las características que debía reunir el sitio donde serían reasentados. Esta tarea contó con el apoyo del Instituto Nacional del Indígena (INDI).

Gestionado por la Gerencia de Proyectos de Vialidad, el Programa de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial-Fase II ejecuta un plan de gestión socioambiental a cargo de la Coordinación de Sustentabilidad de la UEP-MOPC y se halla financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

CASAS

La compra de los terrenos representó una inversión de unos 1,3 millones de dólares, de los tres destinados para la asistencia de esta comunidad, cuya prioridad es disponer de casas más fuertes y seguras, para dejar atrás las precarias carpas y chozas en las que hoy viven.

Para la construcción de las casas, el MOPC trabajará articuladamente con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), que aportará los recursos técnicos y se ocupará de fiscalizar las obras.