La consolidación de los límites de las propiedades donde fueron reubicadas 64 familias del pueblo Mbya forma parte de las acciones para el fortalecimiento del arraigo, previstas en el plan de gestión social del Programa de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial – Fase II, impulsado por la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Los nativos, organizados en tres núcleos, Joyvy Santa Librada, San Jorge y 20 de Julio, vivían a unos siete kilómetros de la ciudad de Caaguazú, en un terreno aledaño a uno de los tramos de la ruta 13, mejorado en el marco del Programa. De allí fueron reubicados en terrenos adquiridos por el MOPC, en las localidades de San Joaquín; Yukyry, distrito de Juan Manuel Frutos, y Yacare’i, distrito de Caaguazú, capital del departamento del mismo nombre.
La mensura de las tierras –cuyos títulos de propiedad ya fueron entregados a los líderes de cada uno de los núcleos-, el cercado de los lotes, la construcción de viviendas y el establecimiento de cultivos de autoconsumo para la seguridad alimentaria son algunas de las actividades orientadas a fortalecer el proceso de arraigo en los nuevos asentamientos. Se prevé también la provisión de alimentos (hasta tanto se instalen los cultivos de autoconsumo), herramientas y enseres domésticos, como utensilios de cocina y colchones, entre otros elementos necesarios para el desarrollo de la vida diaria.
En la misma línea se gestiona la provisión de agua potable y energía eléctrica, disponibles en los nuevos territorios, aunque en condiciones aún precarias. La educación, la salud y la vivienda son otros servicios necesarios, en proceso de ser tramitados con los organismos del Estado responsables de su provisión: ministerios de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Educación y Ciencias (MEC) y la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
Las decisiones tomadas para el reasentamiento y arraigo fueron consensuadas con las comunidades indígenas, desde el inicio del proceso, en el año 2014, cuando el Congreso Nacional denegó la expropiación del inmueble donde residían. A partir de ese momento, y ante el riesgo de desalojo, desde el MOPC se puso en marcha el programa de asistencia, con la participación activa de la comunidad, que fue objeto de estudios socioantropológicos orientados a determinar, entre otros aspectos, las características que debía reunir el sitio donde serían reasentados. Esta tarea contó con el apoyo del Instituto Nacional del Indígena (Indi).
Gestionado por la Gerencia de Proyectos de Vialidad, el Programa de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial-Fase II ejecuta un plan de gestión socioambiental a cargo de la Coordinación de Sustentabilidad de la UEP-MOPC, y se halla financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).